La ligereza de nuestra sociedad

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

“Si te doliera México como te duele la muerte de un cantante nuestro país sería otro”, LHM.
 En la opinión de Ángela Aparisi Miralles (ex jueza española), “la integridad es uno de los principios fundamentales de la ética de las profesiones, en general; y de las jurídicas, en particular. La integridad –en una persona– remite a la cualidad de ser recta, proba e intachable”.

De ahí la importancia de que los profesionistas de México actúen apegados a valores; equipados con un conocimiento práctico de principios y virtudes. Que sus actos obedezcan siempre a reflexiones éticas.

Aquí el problema es que la sociedad mexicana –en su mayoría– no valora la actividad laboral de un profesionista, incluso nuestras leyes la relativizan (y colocan su definición a debate) toda vez que permiten la práctica de ciertas profesiones sin la necesidad de contar con un título universitario (artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

¿Ejemplo? ¿Cuál es la definición de periodista? Según el artículo 2º de la Ley del Secreto Profesional del Distrito Federal es “toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o de información su actividad principal, de manera permanente con o sin remuneración”.

Y aunque puedo entender las razones de la actual redacción del precepto local citado, también debo decir que las libertades, derechos y obligaciones son evolutivas. Por ello propongo, otra vez, que para ejercer el periodismo tiene que ser obligatorio contar con un título universitario en dicha disciplina.

También debería ser un deber actualizarse técnica y deontológicamente año con año si “el profesionista” quiere ejercer el periodismo, uno de los trabajos de mayor impacto en los usos y las costumbres de un país (por cierto, fuentes del derecho).

Hoy, aunque la sociedad mexicana no lo valore con plenitud, es fundamental contar con profesionales del periodismo éticos, con título universitario y socialmente responsables. ¿Quién se suma a la propuesta?

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

¡Compro! ¿Vendo?

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis


Dice el refranero empresarial: “Si te compran, entonces vende”. ¿Qué puede pasar en caso de no escucharlo? Microsoft llegó a ofrecer alrededor de 44,600 millones de dólares por Yahoo!, pero los directivos del conocido buscador dijeron no. Sin embargo, luego de ocho años, la vendieron a Verizon en poco más de 4,800 millones de dólares. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió?

Igual ocurre en la microeconomía, y más en época de crisis. Los fondos de capitales privados quieren comprar, pero otra cosa muy distinta es que los dueños de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas en la mira quieran vender. El problema es que en las actuales circunstancias nacionales, como bien dice otro refrán, “ya se juntaron el hambre y la comida”.

Me explico. En este momento nacional tenemos al fundador del negocio ya con casi 70 años de edad, con hijos de 30, 40 o 50 años que mostrarán sus habilidades mejores al padre –o madre– para quedarse con el negocio.

O quizás –y sólo como hipótesis– los potenciales herederos sean personas que no tienen las agallas ni la inteligencia de la madre (o el padre). Así que, ante el panorama tan prometedor que le ofrece “su herencia de sangre”, el aún dueño opte por deshacerse de su compañía antes de que sus vástagos destruyan el imperio.

Igual puede ocurrir que el fundador sienta la cosquilla de vender si –a golpe de billetazos– la oferta que recibe por su negocio resulta muy por arriba del valor proyectado de la empresa. ¿La gran recomendación? “Si te compran…”.

Las empresas crean valor de formas muy diversas. Algunas tienen la mina de la diferenciación en su sistema de distribución, otras en sus productos o patentes; un puñado en su alta dirección o en la transformación armoniosa que hacen de sus esfuerzos y recursos.

Hoy, igual que mañana, el dueño de una Pyme tiene la obligación moral, legal y económica de saber qué es lo valioso de su negocio, antes de dar el ansiado “sí, vendo”, al “desinteresado” comprador. 

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

¡Qué tus actos te defiendan!

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

 ¿Qué sería de nuestras vidas si cada día que transcurre hacemos mejor nuestro trabajo? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con los demás si en cada uno de nuestros roles somos mejores personas luego de 24 horas?

Y no sugiero que midamos nuestros avances con rebuscados indicadores de desempeño. No. Sólo digo que imagines tu –nuestro– mundo si contribuyes a disminuir de manera paulatina los comportamientos abusivos que crean ambientes laborales hostiles, por ejemplo.

O qué ocurriría si te conduces todos los días sin mentirle a tus empleados (colegas, jefes, clientes, pareja…). O si evitas los conflictos de intereses que pongan en entre dicho la reputación de tu empresa y, por supuesto, la tuya.

Contesta con honestidad: ¿respetas las políticas de la compañía relacionadas con el uso de internet? ¿Visitas tus redes sociales con los recursos tecnológicos de la empresa que te contrató? ¿Y qué me dices de los actos discriminatorios? ¿Estás libre de culpa como para lanzar la primera piedra?

También te invito a imaginar un México donde tú no violas las normas de seguridad, tránsito, salud, impuestos; una nación donde tú no alteras las estadísticas para colocar a tu producto, servicio o empresa en una mejor posición de productividad y competitividad; un país donde no entregas artículos –o elaboras trabajos– defectuosos. 

Responde: ¿haces contribuciones indebidas a funcionarios públicos, políticos u organizaciones relacionadas con la delincuencia organizada? ¿Ofreces efectivo, obsequios, entradas a espectáculos, condominios y/o boletos de avión para influir en la obtención de algún permiso o contrato de obra pública? ¿Realizas un uso indebido de la información propiedad de tu competencia? 

¿Manipulas la información financiera que reportas a tus grupos de interés? ¿Aceptas sobornos o regalos inapropiados de proveedores o clientes? ¿Falsificas informes de gastos, facturas, contabilidad o documentos empresariales? Bien, entonces: ¡que tus actos te defiendan! 

 * El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Amparo contra universidad privada

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

Para el juez Juan Marcos Dávila Rangel, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, las universidades privadas en México son prestadoras de un servicio público (autoridad responsable para el juicio de amparo), según el artículo 10 de la Ley General de Educación.

Sí, leíste bien. El citado precepto dice en su primer párrafo: “La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público”.

Aún más, en el párrafo segundo, fracción VI, menciona que “constituyen el sistema educativo nacional […] las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios”.

Muy claro queda para Dávila Rangel que no obstante que sean instituciones de educación superior privadas las que proporcionan el servicio formativo, dichas universidades “son integrantes del sistema educativo nacional y ejercen una atribución concedida por el Estado al contar con reconocimiento de validez oficial de estudios”.

Y por ello el juzgador no dudó en conceder la protección de la justicia federal a una estudiante de la licenciatura de Trabajo Social contra actos de particulares (señalados como autoridades responsables) de una universidad privada de Chiapas, toda vez que le impidieron continuar con sus estudios vulnerando así su derecho humano a la educación. ¿La razón de la institución privada? El retraso en el pago de dos mensualidades por parte de la alumna, a pesar de sus notas de excelencia académica.

Por supuesto, y así debe ser ya, el juez también fundó y motivó su sentencia con base en el derecho constitucional y convencional en materia de derechos humanos. En otras palabras, bien harían las universidades privadas en replantear sus procesos y políticas de cobro de colegiaturas, evaluación docente y medición del desempeño educativo de los estudiantes. Avisadas. Ya son otros tiempos.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Un nuevo perfil de estratega

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis


Los abogados corporativos enfrentamos un reto muy interesante: la reinvención de nuestra profesión al interior de las organizaciones. Hoy, los dueños de empresa requieren (y en ocasiones, incluso, ya exigen) que nos comportemos como estrategas de negocios; que nuestro conocimiento del derecho lo utilicemos para ayudarles a tomar las mejores decisiones posibles. Sin renunciar a la ética, insistiré siempre (aquí el artículo completo).

* El autor es abogado, administrador, consultor en Dirección Estratégica y periodista. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE Colegio) y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA). También es profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

De preocupaciones y ocupaciones

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

 

“Alta Dirección y abogados de empresa, ya no sólo piensen en conservar sus privilegios, también actúen para beneficiar a la sociedad”, LHM.

Desde hace varias décadas ya, la innovación y tecnología forman parte de la lista de preocupaciones [y ocupaciones] de la Alta Dirección y de los abogados de empresa. Gracias a la utilización popularizada de internet y de las múltiples posibilidades de desarrollo de aplicaciones [para el uso, goce y disfrute de los usuarios], el binomio arriba citado brincó de la mera curiosidad gerencial al cuadro prioritario de las ocupaciones de los directivos.

El problema es que la mayoría de las compañías –construidas bajo los paradigmas funcionales de la modernidad– no tiene la estructura organizacional adecuada, ni tampoco cuenta con la filosofía corporativa pertinente (ética organizacional incluida) para rediseñar tareas, actividades o aprovechar las nuevas oportunidades que la economía global lanza todos los días.

Y es que la toma de decisiones de las mujeres y hombres de vértice de la organización aún privilegia ideas muy arraigadas, costumbres difíciles de defender ante la irrupción y mejores prácticas de firmas como Google, Apple, Facebook, Amazon y Netflix (sólo por mencionar algunas).

Así que mientras surge un ganador entre la resistencia al cambio al interior de las empresas y su necesidad de resilencia organizacional, la batalla intestina generará facturas que deberán pagarse con la capacidad de generar utilidades o ganancias en los años por venir.

La viabilidad económica de las compañías está comprometida a menos, claro, que los empresarios y su primer nivel directivo (abogados de empresa, incluidos) incorporen a la innovación –con seriedad– como parte de su administración y planeación estratégicas.

Sólo una trabajo multidisciplinario tendrá la posibilidad real de construir una ventaja competitiva capaz de afrontar con éxito los retos inherentes al actual paradigma posmoderno de los negocios. Alta Dirección y abogados de empresa, ya no sólo piensen en conservar sus privilegios, también actúen para beneficiar a la sociedad. Busquen ayuda si es necesario. Primer aviso.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.