México, una aldea Potemkin

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis
 

A decir de algunos especialistas en Historia, un “Pueblo de Potiomkin” (o “aldeas Potemkin”) describe una villa hermosamente presentada para ocultar su catastrófica realidad. A vuelo de pájaro dicho pueblo luce genial y deja a los invitados (ciudadanos, servidores públicos…) con un gran sabor de boca al constatar (a lo lejos) los avances y logros. Pero todo es pura fachada, un montaje… Una escenografía.

¿Alguna relación con nuestro presente? ¿Algunos ejemplos llegaron a tu mente? ¿Qué podría ser? Quizás… ¿La colocación de un pasto artificial durante la inauguración de un teleférico? ¿O la integración a modo de un “grupo de notables” o “constituyentes” para crear una Constitución?

¿Igual una audiencia perfectamente seleccionada para presentar un informe de gobierno? ¿O el gatopardismo (primo-hermano de las “aldeas Potemkin”) que cambia todo para que las cosas queden exactamente igual?

En México, las “aldeas Potemkin” son utilizadas de múltiples maneras. Por ejemplo, en la labor legislativa: senadores que presentan una exposición de motivos tejida alrededor de la “mujer” para que al proponer la iniciativa de reforma no digan “mujer” y escriban “género” en sus cambios.

También en la impartición de justicia tenemos “aldeas Potemkin”. En nuestro país somos testigos (mudos, sordos y ciegos) de todo un proceso para garantizar la independencia del Poder Judicial y así elegir a los funcionarios públicos que tendrán un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Pero quién los propone? El Ejecutivo. ¿Y quién los aprueba? El Legislativo. ¡Vaya independencia! Al final el cargo no se lo deben al ciudadano (al que paga su sueldo con sus impuestos, y muy bien, por cierto). Los elegidos le deben el puesto a las componendas políticas realizadas entre las partes involucradas (así lo dejan claro en sus sentencias).

En fin, la lista sería inmensa. Al final de cuentas, queda muy claro: México es una gran aldea Potemkin. Juzga tú. 

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

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Un escenario de bienestar

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

“Pensando en el bienestar social tenemos que construir escenarios deseables que haremos posibles a través de estrategias factibles”, LHM.
Hurgar en la historia. Indagar en documentos, casas de subastas; buscar y entrevistar a testigos (directos e indirectos), perderse en las bibliotecas, hemerotecas o videotecas tendría que convertirse en el pasatiempo favorito del investigador; del aspirante (¿suspirante?) a conocer qué pasó en realidad (los hechos), cuáles fueron las razones o emociones (ideas) que movilizaron a toda una nación, o parte de ella.

Saber y conocer qué sí era permitido y qué prohibido (las normas, las leyes) en un momento histórico determinado. Incluso allegarse de “otras cuestiones” (acudir a marcos teóricos y herramientas de investigación de diferentes disciplinas, por ejemplo) que nos ayuden a comprender por qué las cosas ocurrieron de una manera (y no de otra). Aproximarnos al futuro a partir de investigar y estudiar el pasado (proferencia) de un país.

Para José Luis Soberanes Fernández, la “historia de la historia”, definición sencilla y elocuente de la “historiografía”, es una disciplina que “nos va narrando los diversos métodos de trabajo que han desarrollado los historiadores desde la más remota antigüedad (generalmente a partir de los griegos) hasta nuestros días, ya sea de manera individual o a través de las escuelas o corrientes”.

Bien dice Soberanes (parafraseando a Joseph Louis Ortolán), que todo jurista tiene que ser historiador; partir del conocimiento histórico-jurídico para conocer su propia disciplina y así entender mejor el presente social de su nación.

Coincido. Quizás así seamos capaces de construir un escenario nacional deseable (a favor del bien común) que podamos hacer posible a partir de estrategias (políticas, económicas, sociales…) factibles.

Con planes, pautas, patrones, posicionamientos y perspectivas bien definidas. Enriquecidas por lo que fuimos, somos y seremos: un solo país, pero con “diferentes Méxicos”.

 * El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección en la UNAM, EBC, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

De los sofismas y otros demonios

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

 

Foto: Un día cualquiera en la Ciudad de México.
 
El día que los “Mexicalinos” tuvieron que aceptar –sí o sí– el actual reglamento de tránsito, Miguel Ángel Mancera (servidor público que tiene la responsabilidad y obligación de administrar, transparentar y rendir cuentas por la gestión de los recursos ciudadanos que él y su equipo utilizan para el funcionamiento de la Ciudad de México) repartió frases como las siguientes: “Se busca salvar vidas con el nuevo reglamento” y “el nuevo reglamento sí funciona”.

Sin embargo, las agresiones en contra del funcionario público Arne aus den Ruthen (Delegación Miguel Hidalgo) sacaron a la luz nuevamente –al menos– tres cosas:

1) Mancera prometió hace varios años regular a los escoltas o guaruras, aún no cumple; 2) los sofismas gerenciales del tipo “esto sí funciona” o “esto salvará vidas” sólo son demagogia, la vida de Arne estuvo en riesgo antes, durante y después del cumplimiento de su trabajo; y 3) si el nuevo reglamento funciona, ¿por qué no aplicarlo, tal cual, a todos?

Prometer –otra vez– la regulación de una actividad económica no es una medida con resultados de corto plazo. Ordenar a los oficiales que apliquen a todos –sin excepción y sin corrupción– el actual reglamento de tránsito sí es una solución inmediata. Además sería lo legalmente correcto porque, según Mancera, el contenido del documento “sí funciona” y “busca salvar vidas”.

Ahora que, “Mexicalinos”, si no están satisfechos con el desempeño de los servidores públicos actuales, entonces recuerden el artículo 39 de nuestra Constitución: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Empleados gubernamentales, ya basta de sofismas gerenciales.

 

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y ANADE. Profesor de posgrados en Alta Dirección en la UNAM, EBC, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

COFECE olvidó a Adam Smith

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

 El pasado 10 de febrero, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emitió tres recomendaciones con respecto a la “Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5º, 17, 28, 73, fracción XXV, y 121, fracción V, de la CPEUM en torno al ejercicio profesional de la abogacía y las responsabilidades inherentes”.

La tercera de sus sugerencias dice, a la letra: “Descartar la colegiación obligatoria como uno de los mecanismos para regular el ejercicio de una profesión, por las afectaciones que este mecanismo en particular podría generar sobre el proceso de competencia y la libre concurrencia”.

Vale mencionar que antes de redactar sus recomendaciones, prácticamente en el primer párrafo del escrito, la Comisión se curó en salud: “La presente opinión se refiere únicamente a los efectos que la INICIATIVA podría tener en el proceso de competencia y libre concurrencia, sin que prejuzgue sobre aspectos de cualquier otra índole”. Hizo bien.

¿Por qué? Porque Adam Smith (para algunos el padre de la Economía como ciencia) reconocía la existencia de funciones de carácter económico que tienen trascendencia social: la educación y la abogacía, por ejemplo (ver entrevista con el Dr. Diego Valadés). Una postura que la Comisión no consideró como base para su razonamiento.

En otra palabras, más allá de las tres sugerencias de COFECE, el análisis sobre la colegiación obligatoria para los abogados en México no debe girar alrededor de las barreras de competencia (no sólo), sino primordialmente en torno al impacto social y moral que la materialización de dicha regulación tendría en la sociedad mexicana.

Hoy, más de la mitad de la población de nuestro país sobrevive en la pobreza extrema y, para su puntilla, cuando requiere de los servicios de un abogado (honrosas excepciones a un lado), sólo obtiene una miseria –ética y técnica– de servicios legales (eso sí, muy libre y concurrente).

 * El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y ANADE. Profesor de posgrados en Alta Dirección en la UNAM, EBC, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Quiubo, quiubo, quiubo… ¿Quiubo, cuándo?

  Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

Foto: Conmemoración de los 99 años de la CPEUM.

La semana anterior los mexicanos recordamos que nuestra Constitución ya tiene 99 años de vida; y también hacia el cierre de la semana laboral que concluyó el 5 de febrero, los “Mexicalinos” conocieron los nombres de las 28 personas que redactarán –asesorados por externos, por supuesto– la Constitución de la Ciudad de México.

Los comentarios que surgieron durante la toma de protesta de los redactores (invitados y seleccionados por Miguel Ángel Mancera, responsable de la administración pública capitalina) giraron alrededor de frases como: “será de avanzada”, “moderna”, “respetuosa de los derechos humanos”, entre otras.

Sin embargo, todo el espectáculo político que armaron con los nombramientos de las 28 personas, y ligándolo con un tema que resultó de interés para un porcentaje de la población mexicana (las declaraciones que un par de empleados de Televisa hicieron sobre el peso y el dólar durante uno de sus programas de televisión matutinos), conforman sólo una muestra de que lo más importante de una Constitución (Federal y/o Local), tal cual, es su cumplimiento.

Pregunta/ejemplo: ¿Por qué los servidores públicos, responsables del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aún no actúan ante una posible violación al artículo 6 constitucional (apartado B, fracción IV)? Nuestra Constitución es clara al respecto: “Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa…”.

La verdad, para acabar pronto, muy poco importa –en la realidad mexicana actual– si una Constitución es redactada por 28 personas o escrita con la colaboración de 50 individuos (en cuanto a su borrador, falta que resulte aprobada sin cambios por el Congreso Constituyente… ¿Elegido democráticamente?).

Igual disminuye la relevancia con respecto a si la estructura de sus artículos sigue -o no- las tendencias constitucionales avanzadas.

Lo más importante: ayer, hoy y siempre… Es que los mandatos de dicha Carta Magna (convencionales y/o constitucionales, obligatorios tanto en los ámbitos Federal y/o Local) sean respetados; cumplidos por todos los mexicanos (tal cual). ¡Sin excepción!

* El autor es abogado, periodista, consultor de empresas y blogger. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y ANADE. Profesor de posgrados en Alta Dirección en la UNAM, EBC, ICAMI y HC Escuela de Negocios.