Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis
Para el juez Juan Marcos Dávila Rangel, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, las universidades privadas en México son prestadoras de un servicio público (autoridad responsable para el juicio de amparo), según el artículo 10 de la Ley General de Educación.
Sí, leíste bien. El citado precepto dice en su primer párrafo: “La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público”.
Aún más, en el párrafo segundo, fracción VI, menciona que “constituyen el sistema educativo nacional […] las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios”.
Muy claro queda para Dávila Rangel que no obstante que sean instituciones de educación superior privadas las que proporcionan el servicio formativo, dichas universidades “son integrantes del sistema educativo nacional y ejercen una atribución concedida por el Estado al contar con reconocimiento de validez oficial de estudios”.
Y por ello el juzgador no dudó en conceder la protección de la justicia federal a una estudiante de la licenciatura de Trabajo Social contra actos de particulares (señalados como autoridades responsables) de una universidad privada de Chiapas, toda vez que le impidieron continuar con sus estudios vulnerando así su derecho humano a la educación. ¿La razón de la institución privada? El retraso en el pago de dos mensualidades por parte de la alumna, a pesar de sus notas de excelencia académica.
Por supuesto, y así debe ser ya, el juez también fundó y motivó su sentencia con base en el derecho constitucional y convencional en materia de derechos humanos. En otras palabras, bien harían las universidades privadas en replantear sus procesos y políticas de cobro de colegiaturas, evaluación docente y medición del desempeño educativo de los estudiantes. Avisadas. Ya son otros tiempos.
* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.