México, una aldea Potemkin

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis
 

A decir de algunos especialistas en Historia, un “Pueblo de Potiomkin” (o “aldeas Potemkin”) describe una villa hermosamente presentada para ocultar su catastrófica realidad. A vuelo de pájaro dicho pueblo luce genial y deja a los invitados (ciudadanos, servidores públicos…) con un gran sabor de boca al constatar (a lo lejos) los avances y logros. Pero todo es pura fachada, un montaje… Una escenografía.

¿Alguna relación con nuestro presente? ¿Algunos ejemplos llegaron a tu mente? ¿Qué podría ser? Quizás… ¿La colocación de un pasto artificial durante la inauguración de un teleférico? ¿O la integración a modo de un “grupo de notables” o “constituyentes” para crear una Constitución?

¿Igual una audiencia perfectamente seleccionada para presentar un informe de gobierno? ¿O el gatopardismo (primo-hermano de las “aldeas Potemkin”) que cambia todo para que las cosas queden exactamente igual?

En México, las “aldeas Potemkin” son utilizadas de múltiples maneras. Por ejemplo, en la labor legislativa: senadores que presentan una exposición de motivos tejida alrededor de la “mujer” para que al proponer la iniciativa de reforma no digan “mujer” y escriban “género” en sus cambios.

También en la impartición de justicia tenemos “aldeas Potemkin”. En nuestro país somos testigos (mudos, sordos y ciegos) de todo un proceso para garantizar la independencia del Poder Judicial y así elegir a los funcionarios públicos que tendrán un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Pero quién los propone? El Ejecutivo. ¿Y quién los aprueba? El Legislativo. ¡Vaya independencia! Al final el cargo no se lo deben al ciudadano (al que paga su sueldo con sus impuestos, y muy bien, por cierto). Los elegidos le deben el puesto a las componendas políticas realizadas entre las partes involucradas (así lo dejan claro en sus sentencias).

En fin, la lista sería inmensa. Al final de cuentas, queda muy claro: México es una gran aldea Potemkin. Juzga tú. 

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Advertisements

El talento no entiende de género

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

En nuestro país existen varias iniciativas que se dedican a fomentar e impulsar el tema de diversidad y de género al interior de las empresas que operan en nuestro territorio nacional.

Pero, a decir verdad, en dicho universo no incluyo a la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y de la Ley del Mercado de Valores (LMV), en materia de Competitividad e Igualdad de Género” que trabajan los servidores públicos que entre sus responsabilidades está la elaboración de leyes (su sede es el edificio –pagado por los ciudadanos– de Reforma 135, Ciudad de México).

Y no la agrego porque, luego de leer dicha iniciativa –analizarla y comentarla con directivos y empresarios– opino que la aún propuesta de los senadores (una parte del poder público dimanado del pueblo e instituido para beneficio de éste) tiene una serie de equívocos y sofismas que le hacen un flaco favor a la productividad de las compañías mexicanas.

Cierto, aún falta mucho por hacer en el terreno de la competitividad e igualdad de género. Pero no es a través de la demagogia legislativa como la impulsaremos. Ocurrirá mediante la educación y la generación de investigación aplicada, práctica, empática y vinculante con las necesidades reales de nuestro universo empresarial.

Nuestro país tiene hambre de investigaciones originales (útiles y transdisciplinarias) que le muestren el camino de la competitividad y la sustentabilidad a nuestra alta dirección nacional, y muy en particular a aquella que encabeza el destino de las MiPymes.

Por eso no necesitamos reformas que sólo funcionan para que los legisladores exhiban su demagogia y falta de conceptos claros con respecto a los verdaderos retos corporativos y empresariales de México.

El hecho de que no lleguen y triunfen en mayor número las mujeres en puestos de alta dirección no es un asunto de género. Es un problema social, anclado a nuestra idiosincrasia nacional.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

SCJN: ¿proporcional y equitativa?

Por Luis Hernández Martínez*  Twitter: @miabogadoluis

Hoy es el momento de pedir, con base en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actúe de manera tal que no quede duda ninguna de su independencia. Que le demuestre a la sociedad que comprende y tiene el carácter de entender el momento histórico de México.

¿De qué hablo? De la sentencia de la Segunda Sala de la SCJN que declaró constitucional la limitante establecida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) para deducir pagos a trabajadores exentos del impuesto. ¿Su fallo es otro gol en contra del ciudadano? ¡Por favor!

¿Y los derechos humanos del contribuyente? ¿Y el Estado de Derecho Constitucional y Convencional? Amable lector, aquí puedes descargar el pronunciamiento que la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio) hizo al respecto.

A propósito, en tanto ocurre la reacción de los funcionarios públicos de la SCJN, vale la pena recordarte que el artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reza más o menos así:

  • Los estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:
  • a) (…)
  • b) (…)
  • c) Sistemas impositivos adecuados y equitativos.

Además, en línea argumentativa con la citada declaración, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice:

  • Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como de cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

Servidores públicos de la SCJN (ministros), ya lo dijo Aristóteles: “Lo equitativo, siendo lo justo, no es lo justo legal, lo justo según la ley, sino que es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal”. Actúen en consecuencia.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Alta Dirección Jurídica

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis


Una nueva especialidad en ciernes… Los despachos de abogados (unos más que otros) tienen que replantear su oferta de servicios profesionales, y deberán hacerlo con un perfil de profesionista más completo: les urge. Aquí el texto completo.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

OSC: visibilidad y confianza

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis


 La sociedad mexicana enfrenta un reto muy importante de cara al futuro de la competitividad, el desarrollo y la sustentabilidad nacionales. ¿Cuál? Construir e impulsar modelos de negocios innovadores que respeten la dignidad de la persona, sean amigables con el medio ambiente, fomenten la distribución de la riqueza y disminuyan la brecha económica entre pobres y ricos.

Por fortuna, aunque resulte difícil de creer, el gobierno y los empresarios –incluso los jueces nacionales– promueven (aunque de forma incipiente) una cultura y dinámica de mercado con visos de respetar el estado de derecho. Y si a tal esfuerzo sumamos las acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), entonces el tamaño de una compañía cada día será menos importante con respecto al talento y entrega de valor que una organización sea capaz de generar.

¿Por qué? Porque no es indispensable estar al frente de una “gran empresa” (en términos de número de empleados y recursos) para dirigir una firma competitiva, innovadora y de reputación ejemplar. ¡Un modelo diferenciado y que genere valor no necesariamente surge de una corporación multinacional!

Hoy, tanto la competitividad como la innovación tienen que girar alrededor de la persona, de la sociedad; y el director general de cualquier organización (con o sin fines de lucro) debe ser el primero en establecer los estándares morales de acción y conducta para que la magia del bienestar social ocurra.

Además, en esta época de hipercompetencia global, no puede hablarse de una sociedad civil organizada y competitiva si actúa ignorante y apática con respecto al tema de la sustentabilidad.

Las mujeres y hombres de las OSC tienen que apostarle a los constructos y paradigmas de vanguardia (proteger, promover y reparar las violaciones de los derechos humanos, por delante) para demostrar a sus diferentes públicos objetivo –con hechos– que su actuar es ético y sustentable. A todos nos interesa (y beneficia) que sean organizaciones con visibilidad y confianza.

 
* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Libertad y diversidad para investigar

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis


 En nuestro país existen varias iniciativas –públicas y privadas– que se dedican a fomentar e impulsar el tema de la diversidad y de la equidad de género al interior de las empresas que operan en nuestro territorio nacional. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Sobre todo en la generación de investigación aplicada (práctica, empática y vinculante con las necesidades de nuestro actual universo empresarial).

Me refiero a esfuerzos igual de –o más– valiosos que los trabajos que contribuyen a la ciencia que tanto exigen (y por cierto no ofrecen) los anquilosados investigadores “ni-ni” (ni renuncian, ni se jubilan) que tenemos en la mayoría de nuestras universidades públicas y privadas.

Y me atrevo a decir que quizás más valiosos porque nuestro país tiene sed y hambre de investigaciones originales y sistémicas (útiles) que le muestren el camino de la competitividad y la sustentabilidad a nuestra Alta Dirección nacional, y muy en particular a aquella que dirige el destino de las MiPymes mexicanas. Por eso requerimos de investigaciones con paradigmas y enfoques nuevos, transdisciplinarios incluso. ¿Por qué?

Porque la realidad actual de México ya quedó muy lejos de la mayoría de las líneas de investigación que defienden a capa y espada –incluso con berrinches dignos de diva– nuestros académicos “ni-ni”.

Eso sí, como nuestros anquilosados investigadores no entienden ni el nombre del juego actual, ni sus reglas (otro motivo para calificarlos como “ni-ni”), no dudan en desacreditar, entorpecer y boicotear esfuerzos de investigación que ofrecen otras aproximaciones y soluciones a los problemas de la Alta Dirección.

Y mientras los investigadores “ni-ni” siguen en el error, los empresarios e inversionistas cada vez están más de acuerdo en que la diversidad organizacional mejora la calidad de los debates al interior de la empresa y dota de mayor información para la toma de decisiones, incluso impulsa el desempeño financiero y corporativo de la compañía. Ya es hora de avanzar. 

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Impunidad + Corrupción = ¿México?

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis


 Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio) y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los abogados ahí reunidos coincidimos en algo: ¡estamos hartos de que el sistema político mexicano sea la corrupción!

También nos afecta que algunos colegas formen parte de las tropelías, delitos y redes de un saqueo patrimonial orquestado por un puñado de funcionarios públicos. ¡Una delincuencia organizada, documentada y publicada en medios de comunicación, pero sin consecuencias legales aún!

¿Y qué haremos? Mejor dicho: ¿qué seguiré haciendo? Investigar, litigar y comunicar; movilizar al cambio de nuestra actitud ciudadana. Por cierto, previo a la firma del convenio, Claudio X. González, Presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, compartió a la audiencia cinco creencias de la asociación civil que encabeza (a las que me sumo, por supuesto): 

1. Los mexicanos no podemos ni debemos permanecer impasibles ante la corrupción y la impunidad. México no está condenado a ser un país corrupto.

2. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de los gobiernos y de los políticos sino que atraviesa sectores, actividades y clases sociales. El problema somos todos y la solución somos todos.

3. La corrupción va más allá de la utilización del cargo público para beneficio privado. Es toda acción que se aparta de lo que marcan las leyes y reglamentos a cambio de una recompensa o beneficio indebido. 

4. Los actos de corrupción son evitables y las redes de corrupción desmontables a través de la legislación, el establecimiento de una política de Estado, la voluntad y liderazgo políticos.

5. Sobre todo, el combate a la corrupción requiere la participación de la sociedad organizada y de ciudadanos empoderados.
¿Qué está en juego? ¿Cuál es la visión ciudadana a cumplir? La construcción de un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz… Libre de corrupción e impunidad.
* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

La ligereza de nuestra sociedad

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

“Si te doliera México como te duele la muerte de un cantante nuestro país sería otro”, LHM.
 En la opinión de Ángela Aparisi Miralles (ex jueza española), “la integridad es uno de los principios fundamentales de la ética de las profesiones, en general; y de las jurídicas, en particular. La integridad –en una persona– remite a la cualidad de ser recta, proba e intachable”.

De ahí la importancia de que los profesionistas de México actúen apegados a valores; equipados con un conocimiento práctico de principios y virtudes. Que sus actos obedezcan siempre a reflexiones éticas.

Aquí el problema es que la sociedad mexicana –en su mayoría– no valora la actividad laboral de un profesionista, incluso nuestras leyes la relativizan (y colocan su definición a debate) toda vez que permiten la práctica de ciertas profesiones sin la necesidad de contar con un título universitario (artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

¿Ejemplo? ¿Cuál es la definición de periodista? Según el artículo 2º de la Ley del Secreto Profesional del Distrito Federal es “toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o de información su actividad principal, de manera permanente con o sin remuneración”.

Y aunque puedo entender las razones de la actual redacción del precepto local citado, también debo decir que las libertades, derechos y obligaciones son evolutivas. Por ello propongo, otra vez, que para ejercer el periodismo tiene que ser obligatorio contar con un título universitario en dicha disciplina.

También debería ser un deber actualizarse técnica y deontológicamente año con año si “el profesionista” quiere ejercer el periodismo, uno de los trabajos de mayor impacto en los usos y las costumbres de un país (por cierto, fuentes del derecho).

Hoy, aunque la sociedad mexicana no lo valore con plenitud, es fundamental contar con profesionales del periodismo éticos, con título universitario y socialmente responsables. ¿Quién se suma a la propuesta?

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Amparo contra universidad privada

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

Para el juez Juan Marcos Dávila Rangel, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, las universidades privadas en México son prestadoras de un servicio público (autoridad responsable para el juicio de amparo), según el artículo 10 de la Ley General de Educación.

Sí, leíste bien. El citado precepto dice en su primer párrafo: “La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público”.

Aún más, en el párrafo segundo, fracción VI, menciona que “constituyen el sistema educativo nacional […] las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios”.

Muy claro queda para Dávila Rangel que no obstante que sean instituciones de educación superior privadas las que proporcionan el servicio formativo, dichas universidades “son integrantes del sistema educativo nacional y ejercen una atribución concedida por el Estado al contar con reconocimiento de validez oficial de estudios”.

Y por ello el juzgador no dudó en conceder la protección de la justicia federal a una estudiante de la licenciatura de Trabajo Social contra actos de particulares (señalados como autoridades responsables) de una universidad privada de Chiapas, toda vez que le impidieron continuar con sus estudios vulnerando así su derecho humano a la educación. ¿La razón de la institución privada? El retraso en el pago de dos mensualidades por parte de la alumna, a pesar de sus notas de excelencia académica.

Por supuesto, y así debe ser ya, el juez también fundó y motivó su sentencia con base en el derecho constitucional y convencional en materia de derechos humanos. En otras palabras, bien harían las universidades privadas en replantear sus procesos y políticas de cobro de colegiaturas, evaluación docente y medición del desempeño educativo de los estudiantes. Avisadas. Ya son otros tiempos.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

¿La genética nos hará libres?

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

“La responsabilidad de nuestros actos, independiente a nuestra genética o fisiología naturales, debe valorarse según su consecuencia en las sociedades donde interactuamos”, LHM.
La neurociencia avanza con pasos de gigante. Sus descubrimientos serán paradigmas nuevos en todos los ámbitos de la convivencia humana. ¿Y qué haremos? ¿Renunciar a nuestra profesión de abogado cuando la ciencia declare la muerte del libre albedrío, por ejemplo?

¿O continuar boquiabiertos ante las pruebas que la neurociencia aporta para que los jueces digan que un acusado de homicidio es inimputable, pues su organismo genera disparos de adrenalina que no puede controlar? El debate comenzó. Michael Gazzaniga opina que “la responsabilidad es un contrato entre dos [o más] personas, no una propiedad del cerebro”.

Por su parte, Joaquín M. Fuster dice que tanto el compatibilismo (libre albedrío y determinismo no son mutuamente excluyentes) como el determinismo (todo lo que sucede tiene un causa) encuentran en Thomas Hobbes a su filósofo de cabecera: “Hobbes se basó en el hecho de que, si no hay fuerza ni coacción, los individuos son capaces de tomar decisiones que concuerden con sus deseos”.

Giovanni Sartori asegura que Max Webber también lo tenía muy claro, toda vez que “formuló la distinción entre ‘ética de la intención’ y ética de la responsabilidad’. La primera persigue el bien (tal como lo ve) y no tiene en cuenta las consecuencias. Aunque el mundo se hunda, la buena intención es lo único que vale. En cambio, la ética de la responsabilidad tiene en cuenta las consecuencias de las acciones. Si las consecuencias son perjudiciales, debemos abstenernos de actuar. La moralidad debe contemplar ambas características”.

De ahí que Sartori exprese: “Sigo creyendo en el libre albedrío, me creo responsable de lo que hago, y por lo tanto, le concedo poquísimos méritos, o deméritos, a mi embrión”.

Ahora, contesta con honestidad ¿qué me dices de la responsabilidad de tus actos? Si generas bienestar ¿te aplaudimos, aunque sea tu biología la base de su realización? Y si produces un mal, pero su causa es una deficiencia fisiológica de tu cuerpo ¿qué, la ignoramos y/o disculpamos?

 * El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.