México, una aldea Potemkin

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis
 

A decir de algunos especialistas en Historia, un “Pueblo de Potiomkin” (o “aldeas Potemkin”) describe una villa hermosamente presentada para ocultar su catastrófica realidad. A vuelo de pájaro dicho pueblo luce genial y deja a los invitados (ciudadanos, servidores públicos…) con un gran sabor de boca al constatar (a lo lejos) los avances y logros. Pero todo es pura fachada, un montaje… Una escenografía.

¿Alguna relación con nuestro presente? ¿Algunos ejemplos llegaron a tu mente? ¿Qué podría ser? Quizás… ¿La colocación de un pasto artificial durante la inauguración de un teleférico? ¿O la integración a modo de un “grupo de notables” o “constituyentes” para crear una Constitución?

¿Igual una audiencia perfectamente seleccionada para presentar un informe de gobierno? ¿O el gatopardismo (primo-hermano de las “aldeas Potemkin”) que cambia todo para que las cosas queden exactamente igual?

En México, las “aldeas Potemkin” son utilizadas de múltiples maneras. Por ejemplo, en la labor legislativa: senadores que presentan una exposición de motivos tejida alrededor de la “mujer” para que al proponer la iniciativa de reforma no digan “mujer” y escriban “género” en sus cambios.

También en la impartición de justicia tenemos “aldeas Potemkin”. En nuestro país somos testigos (mudos, sordos y ciegos) de todo un proceso para garantizar la independencia del Poder Judicial y así elegir a los funcionarios públicos que tendrán un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Pero quién los propone? El Ejecutivo. ¿Y quién los aprueba? El Legislativo. ¡Vaya independencia! Al final el cargo no se lo deben al ciudadano (al que paga su sueldo con sus impuestos, y muy bien, por cierto). Los elegidos le deben el puesto a las componendas políticas realizadas entre las partes involucradas (así lo dejan claro en sus sentencias).

En fin, la lista sería inmensa. Al final de cuentas, queda muy claro: México es una gran aldea Potemkin. Juzga tú. 

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

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El talento no entiende de género

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

En nuestro país existen varias iniciativas que se dedican a fomentar e impulsar el tema de diversidad y de género al interior de las empresas que operan en nuestro territorio nacional.

Pero, a decir verdad, en dicho universo no incluyo a la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y de la Ley del Mercado de Valores (LMV), en materia de Competitividad e Igualdad de Género” que trabajan los servidores públicos que entre sus responsabilidades está la elaboración de leyes (su sede es el edificio –pagado por los ciudadanos– de Reforma 135, Ciudad de México).

Y no la agrego porque, luego de leer dicha iniciativa –analizarla y comentarla con directivos y empresarios– opino que la aún propuesta de los senadores (una parte del poder público dimanado del pueblo e instituido para beneficio de éste) tiene una serie de equívocos y sofismas que le hacen un flaco favor a la productividad de las compañías mexicanas.

Cierto, aún falta mucho por hacer en el terreno de la competitividad e igualdad de género. Pero no es a través de la demagogia legislativa como la impulsaremos. Ocurrirá mediante la educación y la generación de investigación aplicada, práctica, empática y vinculante con las necesidades reales de nuestro universo empresarial.

Nuestro país tiene hambre de investigaciones originales (útiles y transdisciplinarias) que le muestren el camino de la competitividad y la sustentabilidad a nuestra alta dirección nacional, y muy en particular a aquella que encabeza el destino de las MiPymes.

Por eso no necesitamos reformas que sólo funcionan para que los legisladores exhiban su demagogia y falta de conceptos claros con respecto a los verdaderos retos corporativos y empresariales de México.

El hecho de que no lleguen y triunfen en mayor número las mujeres en puestos de alta dirección no es un asunto de género. Es un problema social, anclado a nuestra idiosincrasia nacional.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

SCJN: ¿proporcional y equitativa?

Por Luis Hernández Martínez*  Twitter: @miabogadoluis

Hoy es el momento de pedir, con base en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actúe de manera tal que no quede duda ninguna de su independencia. Que le demuestre a la sociedad que comprende y tiene el carácter de entender el momento histórico de México.

¿De qué hablo? De la sentencia de la Segunda Sala de la SCJN que declaró constitucional la limitante establecida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) para deducir pagos a trabajadores exentos del impuesto. ¿Su fallo es otro gol en contra del ciudadano? ¡Por favor!

¿Y los derechos humanos del contribuyente? ¿Y el Estado de Derecho Constitucional y Convencional? Amable lector, aquí puedes descargar el pronunciamiento que la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio) hizo al respecto.

A propósito, en tanto ocurre la reacción de los funcionarios públicos de la SCJN, vale la pena recordarte que el artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reza más o menos así:

  • Los estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:
  • a) (…)
  • b) (…)
  • c) Sistemas impositivos adecuados y equitativos.

Además, en línea argumentativa con la citada declaración, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice:

  • Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como de cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

Servidores públicos de la SCJN (ministros), ya lo dijo Aristóteles: “Lo equitativo, siendo lo justo, no es lo justo legal, lo justo según la ley, sino que es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal”. Actúen en consecuencia.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Alta Dirección Jurídica

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis


Una nueva especialidad en ciernes… Los despachos de abogados (unos más que otros) tienen que replantear su oferta de servicios profesionales, y deberán hacerlo con un perfil de profesionista más completo: les urge. Aquí el texto completo.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

OSC: visibilidad y confianza

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis


 La sociedad mexicana enfrenta un reto muy importante de cara al futuro de la competitividad, el desarrollo y la sustentabilidad nacionales. ¿Cuál? Construir e impulsar modelos de negocios innovadores que respeten la dignidad de la persona, sean amigables con el medio ambiente, fomenten la distribución de la riqueza y disminuyan la brecha económica entre pobres y ricos.

Por fortuna, aunque resulte difícil de creer, el gobierno y los empresarios –incluso los jueces nacionales– promueven (aunque de forma incipiente) una cultura y dinámica de mercado con visos de respetar el estado de derecho. Y si a tal esfuerzo sumamos las acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), entonces el tamaño de una compañía cada día será menos importante con respecto al talento y entrega de valor que una organización sea capaz de generar.

¿Por qué? Porque no es indispensable estar al frente de una “gran empresa” (en términos de número de empleados y recursos) para dirigir una firma competitiva, innovadora y de reputación ejemplar. ¡Un modelo diferenciado y que genere valor no necesariamente surge de una corporación multinacional!

Hoy, tanto la competitividad como la innovación tienen que girar alrededor de la persona, de la sociedad; y el director general de cualquier organización (con o sin fines de lucro) debe ser el primero en establecer los estándares morales de acción y conducta para que la magia del bienestar social ocurra.

Además, en esta época de hipercompetencia global, no puede hablarse de una sociedad civil organizada y competitiva si actúa ignorante y apática con respecto al tema de la sustentabilidad.

Las mujeres y hombres de las OSC tienen que apostarle a los constructos y paradigmas de vanguardia (proteger, promover y reparar las violaciones de los derechos humanos, por delante) para demostrar a sus diferentes públicos objetivo –con hechos– que su actuar es ético y sustentable. A todos nos interesa (y beneficia) que sean organizaciones con visibilidad y confianza.

 
* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Libertad y diversidad para investigar

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis


 En nuestro país existen varias iniciativas –públicas y privadas– que se dedican a fomentar e impulsar el tema de la diversidad y de la equidad de género al interior de las empresas que operan en nuestro territorio nacional. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Sobre todo en la generación de investigación aplicada (práctica, empática y vinculante con las necesidades de nuestro actual universo empresarial).

Me refiero a esfuerzos igual de –o más– valiosos que los trabajos que contribuyen a la ciencia que tanto exigen (y por cierto no ofrecen) los anquilosados investigadores “ni-ni” (ni renuncian, ni se jubilan) que tenemos en la mayoría de nuestras universidades públicas y privadas.

Y me atrevo a decir que quizás más valiosos porque nuestro país tiene sed y hambre de investigaciones originales y sistémicas (útiles) que le muestren el camino de la competitividad y la sustentabilidad a nuestra Alta Dirección nacional, y muy en particular a aquella que dirige el destino de las MiPymes mexicanas. Por eso requerimos de investigaciones con paradigmas y enfoques nuevos, transdisciplinarios incluso. ¿Por qué?

Porque la realidad actual de México ya quedó muy lejos de la mayoría de las líneas de investigación que defienden a capa y espada –incluso con berrinches dignos de diva– nuestros académicos “ni-ni”.

Eso sí, como nuestros anquilosados investigadores no entienden ni el nombre del juego actual, ni sus reglas (otro motivo para calificarlos como “ni-ni”), no dudan en desacreditar, entorpecer y boicotear esfuerzos de investigación que ofrecen otras aproximaciones y soluciones a los problemas de la Alta Dirección.

Y mientras los investigadores “ni-ni” siguen en el error, los empresarios e inversionistas cada vez están más de acuerdo en que la diversidad organizacional mejora la calidad de los debates al interior de la empresa y dota de mayor información para la toma de decisiones, incluso impulsa el desempeño financiero y corporativo de la compañía. Ya es hora de avanzar. 

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Impunidad + Corrupción = ¿México?

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis


 Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio) y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los abogados ahí reunidos coincidimos en algo: ¡estamos hartos de que el sistema político mexicano sea la corrupción!

También nos afecta que algunos colegas formen parte de las tropelías, delitos y redes de un saqueo patrimonial orquestado por un puñado de funcionarios públicos. ¡Una delincuencia organizada, documentada y publicada en medios de comunicación, pero sin consecuencias legales aún!

¿Y qué haremos? Mejor dicho: ¿qué seguiré haciendo? Investigar, litigar y comunicar; movilizar al cambio de nuestra actitud ciudadana. Por cierto, previo a la firma del convenio, Claudio X. González, Presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, compartió a la audiencia cinco creencias de la asociación civil que encabeza (a las que me sumo, por supuesto): 

1. Los mexicanos no podemos ni debemos permanecer impasibles ante la corrupción y la impunidad. México no está condenado a ser un país corrupto.

2. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de los gobiernos y de los políticos sino que atraviesa sectores, actividades y clases sociales. El problema somos todos y la solución somos todos.

3. La corrupción va más allá de la utilización del cargo público para beneficio privado. Es toda acción que se aparta de lo que marcan las leyes y reglamentos a cambio de una recompensa o beneficio indebido. 

4. Los actos de corrupción son evitables y las redes de corrupción desmontables a través de la legislación, el establecimiento de una política de Estado, la voluntad y liderazgo políticos.

5. Sobre todo, el combate a la corrupción requiere la participación de la sociedad organizada y de ciudadanos empoderados.
¿Qué está en juego? ¿Cuál es la visión ciudadana a cumplir? La construcción de un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz… Libre de corrupción e impunidad.
* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

Empresa familiar en peligro

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

Ya no tenemos tiempo: las instituciones de educación superior deben atender y entender profundamente la problemática empresarial del país, sólo así conocerán las competencias y habilidades pertinentes a desarrollar dentro del aula. Y si quieren pensar en términos de cliente, pues adelante (sus días estarán contados). Aquí el texto completo (bit.ly/2cg4can) publicado en el blog del El Empresario del periódico El Economista.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

La ligereza de nuestra sociedad

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis

“Si te doliera México como te duele la muerte de un cantante nuestro país sería otro”, LHM.
 En la opinión de Ángela Aparisi Miralles (ex jueza española), “la integridad es uno de los principios fundamentales de la ética de las profesiones, en general; y de las jurídicas, en particular. La integridad –en una persona– remite a la cualidad de ser recta, proba e intachable”.

De ahí la importancia de que los profesionistas de México actúen apegados a valores; equipados con un conocimiento práctico de principios y virtudes. Que sus actos obedezcan siempre a reflexiones éticas.

Aquí el problema es que la sociedad mexicana –en su mayoría– no valora la actividad laboral de un profesionista, incluso nuestras leyes la relativizan (y colocan su definición a debate) toda vez que permiten la práctica de ciertas profesiones sin la necesidad de contar con un título universitario (artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

¿Ejemplo? ¿Cuál es la definición de periodista? Según el artículo 2º de la Ley del Secreto Profesional del Distrito Federal es “toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o de información su actividad principal, de manera permanente con o sin remuneración”.

Y aunque puedo entender las razones de la actual redacción del precepto local citado, también debo decir que las libertades, derechos y obligaciones son evolutivas. Por ello propongo, otra vez, que para ejercer el periodismo tiene que ser obligatorio contar con un título universitario en dicha disciplina.

También debería ser un deber actualizarse técnica y deontológicamente año con año si “el profesionista” quiere ejercer el periodismo, uno de los trabajos de mayor impacto en los usos y las costumbres de un país (por cierto, fuentes del derecho).

Hoy, aunque la sociedad mexicana no lo valore con plenitud, es fundamental contar con profesionales del periodismo éticos, con título universitario y socialmente responsables. ¿Quién se suma a la propuesta?

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.

¡Compro! ¿Vendo?

Por Luis Hernández Martínez* Twitter: @miabogadoluis


Dice el refranero empresarial: “Si te compran, entonces vende”. ¿Qué puede pasar en caso de no escucharlo? Microsoft llegó a ofrecer alrededor de 44,600 millones de dólares por Yahoo!, pero los directivos del conocido buscador dijeron no. Sin embargo, luego de ocho años, la vendieron a Verizon en poco más de 4,800 millones de dólares. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió?

Igual ocurre en la microeconomía, y más en época de crisis. Los fondos de capitales privados quieren comprar, pero otra cosa muy distinta es que los dueños de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas en la mira quieran vender. El problema es que en las actuales circunstancias nacionales, como bien dice otro refrán, “ya se juntaron el hambre y la comida”.

Me explico. En este momento nacional tenemos al fundador del negocio ya con casi 70 años de edad, con hijos de 30, 40 o 50 años que mostrarán sus habilidades mejores al padre –o madre– para quedarse con el negocio.

O quizás –y sólo como hipótesis– los potenciales herederos sean personas que no tienen las agallas ni la inteligencia de la madre (o el padre). Así que, ante el panorama tan prometedor que le ofrece “su herencia de sangre”, el aún dueño opte por deshacerse de su compañía antes de que sus vástagos destruyan el imperio.

Igual puede ocurrir que el fundador sienta la cosquilla de vender si –a golpe de billetazos– la oferta que recibe por su negocio resulta muy por arriba del valor proyectado de la empresa. ¿La gran recomendación? “Si te compran…”.

Las empresas crean valor de formas muy diversas. Algunas tienen la mina de la diferenciación en su sistema de distribución, otras en sus productos o patentes; un puñado en su alta dirección o en la transformación armoniosa que hacen de sus esfuerzos y recursos.

Hoy, igual que mañana, el dueño de una Pyme tiene la obligación moral, legal y económica de saber qué es lo valioso de su negocio, antes de dar el ansiado “sí, vendo”, al “desinteresado” comprador. 

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.